Las diputaciones son instituciones sometidas a todos los controles públicos

De izquierda a derecha, Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), Mercè Conesa (Barcelona), Manuel Baltar (Ourense) y Jorge Rodríguez Gramage (Valencia)
De izquierda a derecha, Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), Mercè Conesa (Barcelona), Manuel Baltar (Ourense) y Jorge Rodríguez Gramage (Valencia)

Los gobiernos provinciales se encuentran en el primer plano de la actualidad política. De hecho, están encima de la mesa de futuras negociaciones entre las distintas formaciones de ámbito nacional. Por esa razón adquiere especial relevancia la “2ª Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales” que, del 17 al 19 de noviembre, reúne en Badajoz a presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares, para debatir sobre el futuro de los llamados gobiernos intermedios.

Como adelanto del debate y de las reflexiones que se producirán durante estos días, hemos recabado la opinión de cuatro de los presidentes asistentes a la Conferencia. A modo de entrevista colectiva, todos ellos han respondido a las mismas preguntas, intentando desentrañar algunas de las razones que -con razón o sin ella- ponen a los gobiernos provinciales en el punto de mira de muchos sectores. Cuatro voces que representan a otras tantas formaciones políticas y a territorios muy diversos. Por este orden son Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz por el PSOE y anfitrión del encuentro. Mércè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDEC) y presidenta también de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que colabora en la organización de esta conferencia. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense por el PP. Jorge Rodríguez Gramage, presidente de la Diputación de Valencia por el PSOE, con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida y València en Comú.

¿Tienen sentido los gobiernos provinciales en una estructura administrativa descentralizada como es el Estado de las Autonomías?

Miguel Ángel Gallardo (M.A.G.): Absolutamente. Tienen sentido en un país como el nuestro, donde gran parte del territorio es rural. Tienen sentido organismos intermedios que canalicen las necesidades de los municipios de pequeño tamaño, los cuales dejarían de existir sin esos organismos intermedios que les sirven de puente para el acceso a los servicios básicos necesarios para poder vivir con dignidad.

Mercè Conesa (M.C.): Los gobiernos provinciales son precisamente un elemento crucial de esa descentralización, ya que refuerzan la autonomía de los gobiernos locales, que tienen un papel clave en el futuro global, como sostiene la Nueva Agenda Urbana aprobada en la reciente cumbre de Hábitat-III de Naciones Unidas de Quito, a la que tuve la oportunidad de asistir representando al municipalismo barcelonés. Mediante el ejercicio de la cooperación con los ayuntamientos, los fortalecemos para que puedan prestar con todas las garantías los servicios públicos básicos de proximidad. Al estar dirigidas por alcaldes y concejales, las diputaciones poseen el conocimiento y la experiencia directa y precisa de las necesidades y las respuestas que precisa el mundo local. Tal vez se pueda discutir la forma en que se presta la cooperación local, pero es evidente que los servicios que ofrecen las diputaciones –y muy en concreto la de Barcelona– son necesarios y tienen que llegar a la ciudadanía de un modo u otro.

Manuel Baltar (M.B.): Absolutamente. Es más: las diputaciones tuvieron un protagonismo en el actual Estado Autonómico, con iniciativa para la constitución de las comunidades autónomas. Existen las provincias y sus gobiernos, garantizados en la Constitución. Existen los intereses provinciales. Y las provincias no son solo circunscripciones electorales. Los gobiernos provinciales han demostrado gestión, vertebran y cohesionan el territorio. Siempre decimos que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano. Pues bien: las diputaciones son la administración más cercana a los ayuntamientos.

Jorge Rodríguez Gramage (J.R.G.): Lo que no tendría sentido es que no hubiera alguien en la Administración que se encargase de velar por los intereses y garantizar las necesidades básicas de los pueblos y ciudades. Muchos de ellos no podrían subsistir como tales sin un ente gestor que se encargue de asistir y cooperar con las entidades locales, en particular con las que disponen de menos recursos humanos y materiales. Creo que el nombre no hace la cosa y, por tanto, lo importante no es si estos órganos intermedios se llaman diputaciones o consejos territoriales, sino que siga existiendo un ente que garantice la viabilidad y el futuro de los municipios, en especial de los menos poblados, y que los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir si viven en estos pequeños núcleos, sin verse obligados a trasladarse a las ciudades. Ojalá el problema de este país fueran las diputaciones y con su eliminación se solucionase todo, pero me temo que el problema va mucho más allá, con un alarmante caos en el reparto competencial entre las instituciones públicas.

¿El debate de la supresión de las diputaciones es un debate de urbanitas? ¿Pensarían de otra forma si vivieran en el medio rural?

M.A.G.: En el debate de la supresión de las diputaciones no está siquiera la gente de la ciudad sino algunos partidos que ven el fenómeno conceptuándolo sólo desde el mundo urbano. Yo suelo decir que, desde la Castellana, se observa la supresión de las diputaciones como algo viable. Pero si nos ponemos a realizar un estudio serio sobre la necesidad de estas instituciones nos damos cuenta enseguida de que son imprescindibles para el normal funcionamiento del mundo rural. Es pues un debate de urbanitas, pero no como preocupación desde las ciudades, sino como elemento de confrontación de los partidos emergentes, porque desconocen el mundo rural y su voto está enclavado fundamentalmente en los grandes núcleos de población.

M.C.: No es necesariamente un debate que divida a urbanitas y rurales, sino más bien un debate sobre tener información o carecer de ella. Se desconoce mucho la intensa, callada e importante labor de las diputaciones, que permite reforzar las competencias y los servicios municipales, tanto en ciudades como en poblaciones pequeñas. Pero es cierto que en el medio rural las diputaciones son especialmente apreciadas porque, con frecuencia, constituyen una referencia clave, insustituible, para disponer de numerosos servicios que garantizan el bienestar de las personas y el cuidado del territorio.

M.B.: Es un debate donde hay mucho de ignorancia, falta de información y nulo interés en la situación de la realidad rural española. Los vecinos de los ayuntamientos saben que la cooperación es la palabra clave de las diputaciones. Tiene mucho ese debate de partidismo. Por arte de magia desaparece cuando le corresponde gobernar a grupos que antaño se posicionaban en contra. La pregunta es quién prestaría los servicios que realizamos por delegación de los ayuntamientos. El papel de las diputaciones es básico. Y el rigor económico, como prueba su escasa aportación al déficit público en comparación con otras administraciones supramunicipales.

J.R.G.: El debate sobre la supresión de las diputaciones es, ante todo, un debate miope. Como ya he dicho, el desorden de este país en el reparto de las competencias afecta a todos los órganos e instituciones públicas. No es una cuestión sólo de las diputaciones y el Senado, que es donde se focaliza el problema de las duplicidades. Lo que no tiene ningún sentido es que, por poner un ejemplo, una misma carretera dependa de cuatro administraciones distintas en un tramo de apenas cuatro o cinco kilómetros. Eso sucede, cuando vemos que la carretera entre dos municipios tiene tramos de titularidad estatal, otros de titularidad autonómica, parte de la Diputación y los accesos al municipio del ayuntamiento en cuestión. No es lógico, y eso lo ven los que habitan en los municipios, pero también es fácil de entender para los que enfocan el debate desde las ciudades. No creo que sea una cuestión de urbanitas o no urbanitas, sino de sentido común y de colaboración entre todas las administraciones públicas, sean del ámbito local, provincial, autonómico o estatal. Lo que debería ser normal parece anormal porque durante muchos años hemos sufrido el desencuentro de instituciones enfrentadas entre sí, a pesar de estar gobernadas por el mismo partido político. El trabajo conjunto y la suma de esfuerzos permite poner en marcha planes más ambiciosos y llegar a más personas, y eso es lo que estamos haciendo en la Diputación de Valencia, tanto en el trabajo codo con codo con los ayuntamientos, como en proyectos comunes con otras diputaciones, de distinto signo político, y en los programas compartidos con la Generalitat, a través de los cuales hemos impulsado el turismo en los municipios, subvencionado los libros de texto a los escolares de la provincia y garantizado líneas de transporte público deficitarias para que sigan ofreciendo el servicio. Y en esa línea seguiremos, trabajando en un Fondo de Cooperación entre las diputaciones y el Gobierno autonómico para aportar nuevas ayudas y dotar de mayor liquidez a los municipios valencianos.

¿Quiénes son en definitiva los destinatarios de la acción de los gobiernos provinciales: los ciudadanos, los ayuntamientos?

M.A.G.: Son los ciudadanos a través de sus ayuntamientos. Si tuviéramos que hacer autocrítica, deberíamos apuntar como una de ellas el que desde las diputaciones hemos hecho mucho y nos hemos vendido poco. Hemos hecho mucho por los ayuntamientos a través de sus alcaldes y alcaldesas y la ciudadanía no ha percibido que eso venía de una institución supramunicipal que tiene profesionales muy capacitados para hacer funcionar los servicios que se prestan. Nuestra tarea se ha hecho siempre a través de los ayuntamientos y nos hemos dirigido poco a la ciudadanía. Los ciudadanos generalmente perciben que es su ayuntamiento el que hace las cosas cuando quizá ese ayuntamiento tendría que haber cerrado sus puertas si no hubiera una diputación detrás que gestionase los servicios a través de una economía de escala que permite pagarlos.

M.C.: Las diputaciones trabajan para los ayuntamientos, ofreciéndoles apoyo técnico, logístico y financiero para que puedan llevar a cabo sus programas de servicio público, por lo que, en definitiva, los beneficiarios últimos de su labor son los ciudadanos y ciudadanas.

M.B.: En nuestra Carta de Servicios figura todo lo que hacemos. Sus destinatarios (ayuntamientos y ciudadanos), unidad administrativa responsable, tiempo máximo de resolución del expediente y grado de satisfacción del destinatario del servicio. Tenemos un discurso del territorio, pero el eje de actuación son las personas, que tienen derecho a la máxima calidad del servicio público que reciben, residan donde residan.

J.R.G.: La gestión diaria de las diputaciones, con ese contacto permanente entre los presidentes y los diputados provinciales con los alcaldes y alcaldesas, puede hacer ver que éstos son los principales destinatarios de las diputaciones, pero no cabe ninguna duda de que la razón primera y última de la existencia de las corporaciones provinciales es la mejora de la calidad de vida en los municipios, y por tanto el bienestar de los millones de españoles que prefieren los pueblos a las grandes urbes. Es evidente que arreglar las calles y las aceras de un municipio, mejorar las instalaciones deportivas y la red de agua potable, dar ayudas para poner en marcha planes de igualdad, arreglar los accesos a los polígonos para atraer empresas y rehabilitar escuelas y centros cívicos, entre otras actuaciones que llevan a cabo las diputaciones, va en beneficio de las personas que residen en estos núcleos poblacionales y utilizan sus servicios.

¿Existen suficientes controles y la voluntad política para evitar la imagen que a veces existe de las diputaciones, cabildos y consejos insulares como administraciones manirrotas o poco transparentes?

M.A.G.: Esas acusaciones me parecen tremendamente injustas y forman parte del eslogan de aquellos que buscan argumentar que las diputaciones tienen que desaparecer. Las diputaciones tienen los mismos controles de gestión que cualquier administración pública, ejercidos a través de sus funcionarios. Las diputaciones están fiscalizadas por interventores con habilitación nacional y todas y cada una de sus decisiones están supervisadas por un secretario general con habilitación nacional de primer nivel. Las diputaciones tienen los mismos controles que los ayuntamientos de gran tamaño. Si son muchos o son pocos esos controles, lo serán también para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En cualquier caso, tienen los controles jurídicos que marca la ley al más alto nivel. Con respecto a la transparencia, hay que indicar que, en su conjunto, las nuevas corporaciones provinciales están haciendo un esfuerzo importantísimo por quitarse el sambenito de manirrotas. No se puede aplicar ese adjetivo a la Diputación de Badajoz cuando tiene una gestión que anualmente presenta superávit como consecuencia del eficiente ajuste de sus gastos. Las diputaciones son instituciones al servicio de la gente, útiles, eficientes, eficaces y transparentes. La Diputación de Badajoz es de las pocas administraciones donde los concursos resuelven sus contratos menores de forma electrónica de manera que cualquier empresa de España puede acceder a la información necesaria y, a lo largo del próximo año, lo haremos también en contratos negociados y libres.

M.C.: Esta imagen negativa procede en buena medida del desconocimiento antes mencionado de la labor que ejercen las diputaciones, dado que los casos de mala gestión son muy escasos, aunque puedan haberse amplificado mediáticamente. Los controles existen, y son muy rigurosos, y la voluntad política es una autoexigencia cada vez más asumida por los propios gobiernos provinciales. Los índices de transparencia que proporciona una entidad independiente como Transparencia Internacional son una buena muestra de que el trabajo de las diputaciones se sitúa muy a menudo entre las mejores prácticas políticas del Estado. En el presente mandato, la Diputación de Barcelona tiene como prioridad el desarrollo de un gobierno abierto y transparente, y está poniendo todos los medios para lograrlo: administración electrónica, datos abiertos, portal de transparencia. Todo lo que podamos hacer en esta dirección, lo haremos, sin duda.

M.B.: Por supuesto. Y esa imagen procede de la desinformación y desconocimiento. En Ourense aprobamos el primer Código Ético y de Conducta de una Diputación en España. Estamos a la vanguardia de los gobiernos provinciales en transparencia, según acredita Transparencia Internacional.  Retransmitimos todo: plenos, comisiones, apertura de plicas en mesas de contratación, sorteo de miembros de tribunales en pruebas de empleo público; celebramos un debate anual sobre el Estado de la Provincia; me comprometo en un plazo máximo de 5 días a contestar cualquier consulta o pregunta que me formulen por medio de nuestra web o desde la app móvil; somos una administración “abierta 24 horas”, con un alto componente de innovación tecnológica, como lo prueba nuestro proyecto “Provincia Inteligente”, que desarrollamos junto a dos multinacionales como IBM y Vodafone.

J.R.G.: Después de casi año y medio al frente de la Diputación de Valencia, que soporta el lastre de una hipoteca reputacional heredada de la gestión de uno de esos gobiernos manirrotos y poco transparentes, el del señor Rus y el ‘yonqui’ del dinero, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta institución ha dejado de dar vergüenza a los valencianos. Al final es una cuestión de voluntad política y colaboración absoluta con la justicia. Mientras los jueces trabajan por esclarecer los excesos e irregularidades de una gestión oscura que jugó con el dinero de los valencianos, el nuevo equipo de gobierno de la Diputación, un ejecutivo progresista con la representación de cuatro formaciones políticas, se ha dedicado a cambiar el rumbo de la gestión sobre la base de la transparencia, la igualdad y la objetividad. Pusimos en marcha las auditorías forenses necesarias para detectar el foco de las irregularidades y facilitar la labor de la justicia, pero sobre todo nos marcamos el objetivo de desterrar definitivamente el clientelismo que tanto daño ha hecho a la imagen de la institución. Los controles se los debe marcar uno mismo teniendo muy presente la responsabilidad de gestionar un dinero público que no es de ésta ni de ninguna otra institución, sino de los ciudadanos que pagan impuestos; e introduciendo criterios objetivos en los planes provinciales para que cada alcalde y cada alcaldesa puedan tener una previsión de las ayudas que recibirán con una simple regla de tres, sin necesidad del besamanos presidencial o dependiendo del color político que les identifique. En esta Diputación se han acabado los planes teledirigidos del anterior gobierno que invitaban a invertir en leds, calderas o césped artificial, lo que interesaba en cada momento al ex presidente y su círculo de influencia, y se ha respetado desde el primer minuto de la legislatura la autonomía de los ayuntamientos a la hora de decidir en qué invierten el dinero que les llega de la Diputación. Los alcaldes y alcaldesas somos los que mejor conocemos las necesidades de nuestros municipios y las inquietudes de nuestros vecinos.

¿Están los gobiernos provinciales preparados para los retos de modernidad que plantea el siglo XXI?, ¿cómo se combate la imagen de administración antigua, anquilosada y desfasada que muchos ciudadanos –y también políticos- tienen de ellos?

M.A.G.: Creo que se ataca a las diputaciones porque somos el eslabón débil de la Administración, ya que no somos gobiernos elegidos directamente por los ciudadanos. Respecto a la preparación para ese reto he de decir que soy partidario de abordar en el transcurso de una reforma integral de las administraciones públicas aquellos cambios a realizar en las diputaciones, pero también en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas con el objeto de hacerlas más eficaces y eficientes. Las diputaciones tenemos todavía algunos condicionantes que nos impiden volcar todas nuestras fuerzas en el mundo rural. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la existencia de espacios públicos e infraestructuras en capitales de provincia que reclaman recursos que, en una reforma, deberían ir a parar al mundo rural. Pero debería tratarse de una reforma en conjunto de las administraciones públicas; me niego a que se diga que las diputaciones son menos transparentes que el resto.

M.C.: En lo que concierne a la Diputación de Barcelona, puedo decir que en las últimas décadas hemos hecho un extraordinario esfuerzo de modernización y especialización del servicio que ofrecemos a los gobiernos locales. Somos un gobierno supralocal que trabaja en red, con un amplio equipo humano de técnicos y profesionales expertos en múltiples campos, y hacemos un uso intensivo y extensivo de las tecnologías digitales, no sólo en nuestro funcionamiento interno sino también en el impulso de su empleo en todo el territorio. Una de las prioridades del actual mandato es avanzar hacia un red de pueblos y ciudades inteligentes, que mejora y acerca los servicios públicos a los ciudadanos sirviéndose de una tecnología que queremos que sea inclusiva. Creemos, así, que, hoy en día, la fibra óptica puede ser un elemento clave para el desarrollo y la comunicación, como en su día lo fue el cemento. Por poner algunos ejemplos, el territorio de Barcelona tiene una prestigiosa Red de Bibliotecas Municipales de dos millones y medio de usuarios que permite ejercer el autopréstamo mediante avanzadas tecnologías, una Red de Parques Naturales de la Diputación que dispone de apps específicas para cada uno de ellos y más de 65.000 personas mayores atendidas mediante aparatos de teleasistencia. Y hay mucho más. Estamos plenamente comprometidos con la respuesta local a los retos del siglo XXI y somos una punta de lanza en la universalización de las tecnologías digitales.

M.B.: Totalmente preparados. Basándonos en nuestro caso en la planificación y la previsibilidad. Tenemos un plan de mandato (Ourense 15-19) donde indicamos en que mes y de qué año se hace realidad cada una de las propuestas de actuación que contiene. Por cuestiones como esa nos convocan para intervenir en foros nacionales e internacionales como el organizado por el gobierno de Paraná (Brasil) en Curitiba -un centro de innovación pública- para hablar de visión política y planificación territorial junto a representantes de Toronto y de Buenos Aires. Además, aprobamos antes que ninguna otra administración los presupuestos del año siguiente. En el pleno del mes de septiembre. Así, el 1 de enero estamos ya en condiciones de ejecutarlo, dando seguridad jurídica a ayuntamientos y ciudadanos.

Siempre he defendido una triple reforma en el régimen de las diputaciones: la competencial, la del financiamiento y la del régimen electoral. Con la elección directa por los ciudadanos de los diputados provinciales y del presidente acercaríamos la institución a sus verdaderos “propietarios”: las vecinas y vecinos de la provincia. Y para esa reforma solo hace falta otra urna más en las elecciones locales: la de los municipios y la de las diputaciones. En las elecciones locales de 2015 en Ourense actuamos como si esa modificación de la normativa electoral fuera una realidad: hice campaña como candidato a la Presidencia de la Diputación y con un programa de gobierno para cuatro años. Ahora es el plan de mandato, del cual cualquier ciudadano puede vigilar su cumplimiento, al establecer la fecha de ejecución de las medidas que lo integran.

J.R.G.: Los gobiernos provinciales están tan preparados para afrontar los retos del nuevo siglo como cualquier otro gobierno. El problema no son los gobiernos provinciales como vehículo, sino los conductores que piloten esos vehículos, como en cualquier otra administración. En Valencia hemos podido comprobar que ese vehículo de la Diputación se encuentra en perfectas condiciones, y que la conducción de los anteriores responsables fue calamitosa y temeraria. Esta institución cuenta con grandes profesionales y medios suficientes para hacer frente a esa modernización, que pasa en primer lugar por la simplificación de la burocracia. La agilidad en los trámites y la ejecución de proyectos y obras es determinante para poder hablar de una institución eficaz y moderna. Muestra de que tanto los gobiernos provinciales como los ayuntamientos son instituciones modernas y operativas es el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles que pusimos en marcha al poco de llegar a la Diputación de Valencia. Nos encontramos con un remanente de 72 millones de euros por la ausencia de gestión en la última etapa del anterior gobierno y decidimos sin pensarlo que ese dinero fuera a los municipios y a las personas y no a los bancos. Para ello, tuvimos que poner en marcha en un tiempo récord el plan más ambicioso de la historia de esta Diputación. En apenas dos meses, el reto de la Diputación de Valencia y los 266 municipios de la provincia se saldó con más de 1.200 obras licitadas y adjudicadas antes de final de año, lo que ha servido para crear o mantener 2.400 puestos de trabajo a lo largo de 2016 con la ejecución de estas obras. No es un problema de anquilosamiento, sino de voluntad y prioridades políticas. Mientras las diputaciones funcionen como tales, y por ahora no se vislumbra una reforma constitucional que nos haga pensar lo contrario, nuestra responsabilidad es que sean útiles. En ello estamos.

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