Texto íntegro de la Declaración Institucional

Reunión de trabajo previa a la presentación de la Declaración Institucional
Reunión de trabajo previa a la presentación de la Declaración Institucional

Desde el comienzo de nuestra democracia, las Diputaciones Provinciales han sido protagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, siendo las Instituciones Públicas más adecuadas, para la vertebración y cohesión territorial, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es, la aportación de más bienestar a los ciudadanos, ofreciendo servicios de calidad, que garantizan la igualdad de oportunidades, evitando así, que haya ciudadanos de segunda y de primera.

A lo largo de todos estos años, han prestado permanente asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica, así como asesoramiento, facilitando el adecuado funcionamiento de los municipios, especialmente de aquellos con menor número de habitantes.

Consideramos que el papel de las Diputaciones es esencial para los pequeños municipios.

La despoblación del medio rural, como consecuencia de la ausencia de suficientes políticas vertebradoras y cohesionadoras del territorio, insuficientemente desarrolladas constitucionalmente, genera graves riesgos respecto a la sostenibilidad, en relación a la suficiencia alimentaria, hidráulica, energética y la misma calidad ambiental de aquellos que residen en las ciudades. Por ello, el reconocimiento efectivo del papel que juegan los municipios de menos de 20.000 habitantes, en la gestión y conservación del territorio, se habrá de vincular a la revisión del gasto e inversión pública, así como del funcionamiento, representación y régimen de financiación de las Diputaciones Provinciales, condicionándose por criterios constitucionales de justicia social, vertebración del territorio e igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano.

El protagonismo de los gobiernos provinciales, no solo es acorde con las demandas de los ciudadanos que residen en el mundo rural y de los que lo hacen en zonas más pobladas pero necesitadas de colaboración supramunicipal , sino que viene también legitimada por el marco jurídico constitucional español. Lo dispuesto en los artículos 137 y 141.2 de la Constitución, ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de poner de manifiesto que las Instituciones Provinciales, constituyen o tienen a su cargo “componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.

Los gobiernos provinciales suponen un gasto público eficiente y necesario, por cuanto:

  • Las diputaciones provinciales son instituciones saneadas. Cumplen con los plazos de pagos a proveedores y contratistas. Todas presentan un período medio de pago a proveedores en el entorno de 30 días o menos, e incluso 17 de ellas pagan antes de 30 días.
  • La deuda de las diputaciones representa el 8% de la deuda de todas las entidades locales y el 0,3% del PIB nacional.
  • Las Diputaciones Provinciales destinan a sus gastos de funcionamiento, un porcentaje inferior al de otras administraciones publicas.

Considerando plenamente legitimados los gobiernos locales intermedios, entendemos desde la perspectiva de gobiernos locales, la necesidad de  afrontar la modernización de la administración pública española incluídas las diputaciones con el objetivo puesto en el mejor desarrollo de sus competencias, prioridades y optimización en la gestión de los recursos, presupuesto y empleo público.

La estructura político-administrativa de los gobiernos locales intermedios españoles, continuará siendo una gestión pública eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos de la provincia, profundizando en la mejora de los servicios, y la calidad de atención, la eficiencia del presupuesto, y en el carácter reglado de su actuación, especialmente aquellas materias donde no solo es legal y posible, sino socialmente necesario fomentar la concurrencia competitiva, singularmente en la actividad contractual y la de fomento.

Asimismo seguimos defendiendo que los gobiernos locales intermedios son los idóneos, desde una óptica de capacidad autónoma para gestionar políticas propias, en el ámbito de sus competencias, por ello, no podemos dejar de exponer la necesidad de mejora de un nuevo marco de financiación local, no solo para las provincias, sino también para los municipios. Los gobiernos locales no deben seguir siendo los sacrificados en adoptar las medidas presupuestarias y financieras necesarias, como consecuencia del cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea para con el Estado Español.

De alguna manera, la sociedad española reconoce la contribución de los gobiernos provinciales como gobiernos locales intermedios a la inmensa transformación del mundo rural de nuestro país, pero a la vez nos demanda, en función de las nuevas circunstancias de todo orden que concurren  en el momento actual, que se afronte la necesidad de avanzar hacia la elección directa de las corporaciones provinciales, para que ésta concentre sus esfuerzos en el aspecto esencial que justifica la existencia de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

En un momento crucial en que la UE trabaja en el reparto de fondos contra la despoblación, entendemos que por la exitosa trayectoria de gestión que nos avala y el conocimiento de la problemática rural debemos ser los gestores de dichos fondos.

Igualmente, las corporaciones locales reivindicamos la participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y abrir el debate de la financiación de las entidades locales, al mismo tiempo que el de las comunidades autónomas.

Badajoz, a 18 de Noviembre de 2016.

Presentada de la Declaración Institucional

El presidente de la Diputación de Badajoz presenta la Declaración acompañado por el presidente de la corporación segoviana
El presidente de la Diputación de Badajoz presenta la Declaración acompañado por el presidente de la corporación segoviana

Los representantes de 24 diputaciones provinciales españolas, reunidos en Badajoz en la 2ª Conferencia de Presidentes y Presidentas de Gobiernos Provinciales, han concluido sus trabajos con la aprobación de una Declaración Institucional en la que, entre otras cuestiones, señalan la necesidad de avanzar hacia la elección directa de las corporaciones provinciales, la reclamación de que sean estas administraciones las que gestionen los fondos de la UE contra la despoblación, y la reivindicación de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ultimando la Declaración
Ultimando la Declaración

La Declaración ha sido presentada por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, anfitrión de la Conferencia, y por el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, que toma el relevo y será sede de la próxima edición, a celebrar en 2017.

La Declaración destaca que los gobiernos intermedios son las instituciones públicas más adecuadas para la vertebración y cohesión territorial, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y prestar más y mejores servicios. Posteriormente se indica que, en el actual marco tendente a una reforma Constitucional, el funcionamiento, representación y régimen de financiación de las Diputaciones Provinciales deberá estar condicionado por criterios constitucionales de justicia social, vertebración del territorio e igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano. En este sentido se recuerda lo dispuesto en los artículos 137 y 141.2 de la carta magna, que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en el sentido de poner de manifiesto que las Instituciones Provinciales, constituyen o tienen a su cargo componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales.

En la presentación de la Declaración, también se ha querido destacar que los gobiernos provinciales suponen un gasto público eficiente y necesario, recordando que son instituciones saneadas, que cumplen los plazos de pagos a proveedores y contratistas, con una media de 30 días o menos; que su deuda solo representa el 8% del total de las entidades locales y un 0,3% del PIB nacional; y que destinan a su funcionamiento un porcentaje inferior al de otras administraciones públicas.

También se posicionan a favor de la modernización de la administración pública española, incluidas las diputaciones, con el objetivo puesto en el mejor desarrollo de sus competencias, prioridades y optimización en la gestión de los recursos, presupuesto y empleo público. En este sentido se destaca que no solo es legal, sino socialmente necesario, fomentar la concurrencia competitiva, singularmente en la actividad contractual y la de fomento.

Otro de los ejes de la Declaración es el referido a la financiación, dejando clara la necesidad de mejorar de un nuevo marco de financiación local, no solo para las provincias, sino también para los municipios, señalando que no deben seguir siendo los sacrificados a la hora de adoptar las medidas necesarias, como consecuencia de cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea al Estado español.

Las diputaciones reivindican la elección directa de los presidentes

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La elección directa de los presidentes de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, es una de las reivindicaciones en las que han coincidido los presidentes y presidentas de las diputaciones de Barcelona, Cáceres, Ourense y Valencia, en la primera de las mesas de debate desarrolladas en la segunda jornada de la Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales que tienen lugar en Badajoz.

Las presidentas de las diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y Cáceres, Charo Cordero; y los presidentes de las diputaciones de Valencia, Jorge Rodríguez; y de Ourense, Manuel Baltar; han participado esta mañana en una mesa de debate que, bajo el título El papel de los gobiernos intermedios en el Estado de las Autonomías, ha servido para poner de manifiesto la coincidencia en la necesidad de que los ciudadanos se sientan más cerca de estas instituciones pudiendo elegir de forma directa a sus responsables.

En el contexto de una estructura administrativa autonómica, ha quedado patente que las diputaciones son mucho más ágiles que las comunidades autónomas para resolver muchos de los problemas de los ciudadanos. Por eso, en el momento en el que está en plena vigencia el debate sobre la financiación de las administraciones públicas, los reunidos en la 2ª Conferencia de Presidentes y Presidentas de Gobiernos Provinciales han reivindicado un 25% de los ingresos públicos, así como una clarificación competencial en la reforma de la Constitucional que no debe esperar a que se resuelva la situación de las comunidades autónomas.

Los cuatro intervinientes en la mesa, que ha sido moderada por la presidenta de la FAPE, Elsa González, han mencionado diversos ámbitos de futuro en el que es indispensable el papel de las diputaciones para que los ciudadanos que habitan en los pequeños municipios no se queden apeados del progreso y del desarrollo. Uno de ellos es el de la modernización tecnológica, que debe ser facilitada en el mundo rural por los gobiernos intermedios, para que realmente se convierta en una oportunidad para sus habitantes, tanto para mejorar sus condiciones de vida, como para facilitar oportunidades de formación o impulsar las iniciativas de empleo y emprendimiento.

Los participantes en la mesa han sintetizado los requerimientos de las diputaciones en tres ideas: más democracia, para que los ciudadanos se sientan más cercanos mediante la elección directa; más transparencia, para desterrar la imagen de administraciones poco eficientes en el control de sus presupuestos, y más financiación, para realmente atender todos los servicios que requieren los habitantes de los pequeños municipios y reducir la brecha territorial entre estos y las grandes ciudades.

Por su parte el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha intervenido para señalar que las diputaciones no temen a las reformas que sean necesarias, siempre que se realicen dentro del conjunto de la administración española. También ha añadido que los gobernantes de las diputaciones son ahora más autoexigentes quizás porque las nuevas generaciones tienen una concepción menos patrimonialista y han asumido claramente los criterios de transparencia.

 

Las diputaciones, eje para la supervivencia del mundo rural

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La convicción de que los gobiernos intermedios: diputaciones, cabildos y consejos insulares, son imprescindibles para la supervivencia del mundo rural, es un aspecto en el que han coincidido todos los intervinientes en la sesión inaugural de la “2ª Conferencia de Presidentes y Presidentas de Gobiernos Provinciales” que ha tenido lugar esta tarde en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Badajoz.

miguel-angel-gallardoEn el acto, que ha contado con la asistencia de representantes de más de 25 diputaciones provinciales, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que los gobiernos intermedios pueden ser la sangre que bombea el corazón del mundo rural, para lo que ha añadido que es necesario esforzarse en explicar qué hacen estas administraciones en beneficio de los ciudadanos. Tras recordar que el 85% de los habitantes de España vive en el medio rural, ha asegurado que las diputaciones no solo son necesarias, sino que son imprescindibles, y son un agente esencial para el equilibrio entre lo urbano y lo rural. El presidente provincial pacense ha criticado a las formaciones políticas emergentes que ponen en tela de juicio los gobiernos intermedios asomados a un balcón del Paseo de la Castellana. Tras expresar su deseo de que esta 2ª Conferencia sirva para poner las bases de un banco de buenas prácticas, que ponga en valor las actuaciones positivas de las diversas diputaciones, para conseguir mejorar la vida de la gente, ha manifestado, en relación a Extremadura, que desde las diputaciones de Badajoz y Cáceres también se hace región.

fernandez-varaEl presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha centrado su intervención en la importancia del diálogo para solventar los problemas que tienen los ciudadanos, a cuya solución contribuyen, sin duda alguna, las diputaciones. España no puede asumir la toma de decisiones sin rigor -ha señalado-, nadie ha estudiado seriamente ni ha dado razones convincentes de por qué deben suprimirse las diputaciones. Creo que hay demasiado histrionismo y frivolidad. Fernández Vara se ha preguntado ¿qué habría pasado sin las diputaciones en la actual situación de crisis y de control presupuestario? Es importante que nos demos cuenta del papel trascendente de las diputaciones -ha añadido- que se han modernizado poniéndose al servicio de la ciudadanía, de los pueblos más pequeños… está claro que son instituciones de servicio público a los ciudadanos.

merce-conesaEn la misma línea de reivindicación del papel esencial de los gobiernos intermedios, la presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta de la Fundación Gobierno y Democracia Local, Mercè Conesa, ha señalado que hay que ser capaces de explicar de forma pedagógica que todos los ciudadanos van a tener garantizado el reequilibrio territorial gracias a la labor de las diputaciones. A continuación, ha añadido que una parte esencial de nuestra labor como administraciones intermedias es garantizar que los pueblos no se queden desiertos en beneficio de las áreas metropolitanas.

abel-caballeroEl acto ha contado con una conferencia inaugural que ha pronunciado el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, quien ha indicado que espera que la reforma de la Constitución asegure el papel y las competencias de las administraciones intermedias, ya que en el actual texto constitucional no están bien definidas, lo que genera inseguridad constitucional y, en consecuencia, limita la acción de las diputaciones en su política real hacia los ciudadanos. Para Abel Caballero los ayuntamientos que quieren vivir en la modernidad dependen, de forma imprescindible, de las diputaciones, por necesidad y por tiempo. Por su cercanía a los ayuntamientos, y en consecuencia a los ciudadanos de los territorios rurales, las diputaciones cada vez deberán ser más las intermediarias hacia la modernidad.

Las diputaciones provinciales debaten su futuro en Badajoz

collage-asistentesEsta tarde, a partir de las 18 horas, comienza en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz la 2ª Conferencia de Presidentes y Presidentas de Gobiernos Provinciales, con la asistencia de representantes de más de 25 diputaciones. Durante dos días los máximos responsables de los gobiernos provinciales reflexionarán sobre la actualidad y las perspectivas de futuro de las administraciones intermedias. Mañana, al final de los debates, se presentará una declaración conjunta, que marcará la hoja de ruta, para los próximos años, de unas instituciones que reivindican su papel esencial para los ayuntamientos y los ciudadanos de las pequeñas poblaciones, en especial en el medio rural.

Las diputaciones son instituciones sometidas a todos los controles públicos

De izquierda a derecha, Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), Mercè Conesa (Barcelona), Manuel Baltar (Ourense) y Jorge Rodríguez Gramage (Valencia)
De izquierda a derecha, Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), Mercè Conesa (Barcelona), Manuel Baltar (Ourense) y Jorge Rodríguez Gramage (Valencia)

Los gobiernos provinciales se encuentran en el primer plano de la actualidad política. De hecho, están encima de la mesa de futuras negociaciones entre las distintas formaciones de ámbito nacional. Por esa razón adquiere especial relevancia la “2ª Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales” que, del 17 al 19 de noviembre, reúne en Badajoz a presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares, para debatir sobre el futuro de los llamados gobiernos intermedios.

Como adelanto del debate y de las reflexiones que se producirán durante estos días, hemos recabado la opinión de cuatro de los presidentes asistentes a la Conferencia. A modo de entrevista colectiva, todos ellos han respondido a las mismas preguntas, intentando desentrañar algunas de las razones que -con razón o sin ella- ponen a los gobiernos provinciales en el punto de mira de muchos sectores. Cuatro voces que representan a otras tantas formaciones políticas y a territorios muy diversos. Por este orden son Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz por el PSOE y anfitrión del encuentro. Mércè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDEC) y presidenta también de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que colabora en la organización de esta conferencia. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense por el PP. Jorge Rodríguez Gramage, presidente de la Diputación de Valencia por el PSOE, con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida y València en Comú.

¿Tienen sentido los gobiernos provinciales en una estructura administrativa descentralizada como es el Estado de las Autonomías?

Miguel Ángel Gallardo (M.A.G.): Absolutamente. Tienen sentido en un país como el nuestro, donde gran parte del territorio es rural. Tienen sentido organismos intermedios que canalicen las necesidades de los municipios de pequeño tamaño, los cuales dejarían de existir sin esos organismos intermedios que les sirven de puente para el acceso a los servicios básicos necesarios para poder vivir con dignidad.

Mercè Conesa (M.C.): Los gobiernos provinciales son precisamente un elemento crucial de esa descentralización, ya que refuerzan la autonomía de los gobiernos locales, que tienen un papel clave en el futuro global, como sostiene la Nueva Agenda Urbana aprobada en la reciente cumbre de Hábitat-III de Naciones Unidas de Quito, a la que tuve la oportunidad de asistir representando al municipalismo barcelonés. Mediante el ejercicio de la cooperación con los ayuntamientos, los fortalecemos para que puedan prestar con todas las garantías los servicios públicos básicos de proximidad. Al estar dirigidas por alcaldes y concejales, las diputaciones poseen el conocimiento y la experiencia directa y precisa de las necesidades y las respuestas que precisa el mundo local. Tal vez se pueda discutir la forma en que se presta la cooperación local, pero es evidente que los servicios que ofrecen las diputaciones –y muy en concreto la de Barcelona– son necesarios y tienen que llegar a la ciudadanía de un modo u otro.

Manuel Baltar (M.B.): Absolutamente. Es más: las diputaciones tuvieron un protagonismo en el actual Estado Autonómico, con iniciativa para la constitución de las comunidades autónomas. Existen las provincias y sus gobiernos, garantizados en la Constitución. Existen los intereses provinciales. Y las provincias no son solo circunscripciones electorales. Los gobiernos provinciales han demostrado gestión, vertebran y cohesionan el territorio. Siempre decimos que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano. Pues bien: las diputaciones son la administración más cercana a los ayuntamientos.

Jorge Rodríguez Gramage (J.R.G.): Lo que no tendría sentido es que no hubiera alguien en la Administración que se encargase de velar por los intereses y garantizar las necesidades básicas de los pueblos y ciudades. Muchos de ellos no podrían subsistir como tales sin un ente gestor que se encargue de asistir y cooperar con las entidades locales, en particular con las que disponen de menos recursos humanos y materiales. Creo que el nombre no hace la cosa y, por tanto, lo importante no es si estos órganos intermedios se llaman diputaciones o consejos territoriales, sino que siga existiendo un ente que garantice la viabilidad y el futuro de los municipios, en especial de los menos poblados, y que los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir si viven en estos pequeños núcleos, sin verse obligados a trasladarse a las ciudades. Ojalá el problema de este país fueran las diputaciones y con su eliminación se solucionase todo, pero me temo que el problema va mucho más allá, con un alarmante caos en el reparto competencial entre las instituciones públicas.

¿El debate de la supresión de las diputaciones es un debate de urbanitas? ¿Pensarían de otra forma si vivieran en el medio rural?

M.A.G.: En el debate de la supresión de las diputaciones no está siquiera la gente de la ciudad sino algunos partidos que ven el fenómeno conceptuándolo sólo desde el mundo urbano. Yo suelo decir que, desde la Castellana, se observa la supresión de las diputaciones como algo viable. Pero si nos ponemos a realizar un estudio serio sobre la necesidad de estas instituciones nos damos cuenta enseguida de que son imprescindibles para el normal funcionamiento del mundo rural. Es pues un debate de urbanitas, pero no como preocupación desde las ciudades, sino como elemento de confrontación de los partidos emergentes, porque desconocen el mundo rural y su voto está enclavado fundamentalmente en los grandes núcleos de población.

M.C.: No es necesariamente un debate que divida a urbanitas y rurales, sino más bien un debate sobre tener información o carecer de ella. Se desconoce mucho la intensa, callada e importante labor de las diputaciones, que permite reforzar las competencias y los servicios municipales, tanto en ciudades como en poblaciones pequeñas. Pero es cierto que en el medio rural las diputaciones son especialmente apreciadas porque, con frecuencia, constituyen una referencia clave, insustituible, para disponer de numerosos servicios que garantizan el bienestar de las personas y el cuidado del territorio.

M.B.: Es un debate donde hay mucho de ignorancia, falta de información y nulo interés en la situación de la realidad rural española. Los vecinos de los ayuntamientos saben que la cooperación es la palabra clave de las diputaciones. Tiene mucho ese debate de partidismo. Por arte de magia desaparece cuando le corresponde gobernar a grupos que antaño se posicionaban en contra. La pregunta es quién prestaría los servicios que realizamos por delegación de los ayuntamientos. El papel de las diputaciones es básico. Y el rigor económico, como prueba su escasa aportación al déficit público en comparación con otras administraciones supramunicipales.

J.R.G.: El debate sobre la supresión de las diputaciones es, ante todo, un debate miope. Como ya he dicho, el desorden de este país en el reparto de las competencias afecta a todos los órganos e instituciones públicas. No es una cuestión sólo de las diputaciones y el Senado, que es donde se focaliza el problema de las duplicidades. Lo que no tiene ningún sentido es que, por poner un ejemplo, una misma carretera dependa de cuatro administraciones distintas en un tramo de apenas cuatro o cinco kilómetros. Eso sucede, cuando vemos que la carretera entre dos municipios tiene tramos de titularidad estatal, otros de titularidad autonómica, parte de la Diputación y los accesos al municipio del ayuntamiento en cuestión. No es lógico, y eso lo ven los que habitan en los municipios, pero también es fácil de entender para los que enfocan el debate desde las ciudades. No creo que sea una cuestión de urbanitas o no urbanitas, sino de sentido común y de colaboración entre todas las administraciones públicas, sean del ámbito local, provincial, autonómico o estatal. Lo que debería ser normal parece anormal porque durante muchos años hemos sufrido el desencuentro de instituciones enfrentadas entre sí, a pesar de estar gobernadas por el mismo partido político. El trabajo conjunto y la suma de esfuerzos permite poner en marcha planes más ambiciosos y llegar a más personas, y eso es lo que estamos haciendo en la Diputación de Valencia, tanto en el trabajo codo con codo con los ayuntamientos, como en proyectos comunes con otras diputaciones, de distinto signo político, y en los programas compartidos con la Generalitat, a través de los cuales hemos impulsado el turismo en los municipios, subvencionado los libros de texto a los escolares de la provincia y garantizado líneas de transporte público deficitarias para que sigan ofreciendo el servicio. Y en esa línea seguiremos, trabajando en un Fondo de Cooperación entre las diputaciones y el Gobierno autonómico para aportar nuevas ayudas y dotar de mayor liquidez a los municipios valencianos.

¿Quiénes son en definitiva los destinatarios de la acción de los gobiernos provinciales: los ciudadanos, los ayuntamientos?

M.A.G.: Son los ciudadanos a través de sus ayuntamientos. Si tuviéramos que hacer autocrítica, deberíamos apuntar como una de ellas el que desde las diputaciones hemos hecho mucho y nos hemos vendido poco. Hemos hecho mucho por los ayuntamientos a través de sus alcaldes y alcaldesas y la ciudadanía no ha percibido que eso venía de una institución supramunicipal que tiene profesionales muy capacitados para hacer funcionar los servicios que se prestan. Nuestra tarea se ha hecho siempre a través de los ayuntamientos y nos hemos dirigido poco a la ciudadanía. Los ciudadanos generalmente perciben que es su ayuntamiento el que hace las cosas cuando quizá ese ayuntamiento tendría que haber cerrado sus puertas si no hubiera una diputación detrás que gestionase los servicios a través de una economía de escala que permite pagarlos.

M.C.: Las diputaciones trabajan para los ayuntamientos, ofreciéndoles apoyo técnico, logístico y financiero para que puedan llevar a cabo sus programas de servicio público, por lo que, en definitiva, los beneficiarios últimos de su labor son los ciudadanos y ciudadanas.

M.B.: En nuestra Carta de Servicios figura todo lo que hacemos. Sus destinatarios (ayuntamientos y ciudadanos), unidad administrativa responsable, tiempo máximo de resolución del expediente y grado de satisfacción del destinatario del servicio. Tenemos un discurso del territorio, pero el eje de actuación son las personas, que tienen derecho a la máxima calidad del servicio público que reciben, residan donde residan.

J.R.G.: La gestión diaria de las diputaciones, con ese contacto permanente entre los presidentes y los diputados provinciales con los alcaldes y alcaldesas, puede hacer ver que éstos son los principales destinatarios de las diputaciones, pero no cabe ninguna duda de que la razón primera y última de la existencia de las corporaciones provinciales es la mejora de la calidad de vida en los municipios, y por tanto el bienestar de los millones de españoles que prefieren los pueblos a las grandes urbes. Es evidente que arreglar las calles y las aceras de un municipio, mejorar las instalaciones deportivas y la red de agua potable, dar ayudas para poner en marcha planes de igualdad, arreglar los accesos a los polígonos para atraer empresas y rehabilitar escuelas y centros cívicos, entre otras actuaciones que llevan a cabo las diputaciones, va en beneficio de las personas que residen en estos núcleos poblacionales y utilizan sus servicios.

¿Existen suficientes controles y la voluntad política para evitar la imagen que a veces existe de las diputaciones, cabildos y consejos insulares como administraciones manirrotas o poco transparentes?

M.A.G.: Esas acusaciones me parecen tremendamente injustas y forman parte del eslogan de aquellos que buscan argumentar que las diputaciones tienen que desaparecer. Las diputaciones tienen los mismos controles de gestión que cualquier administración pública, ejercidos a través de sus funcionarios. Las diputaciones están fiscalizadas por interventores con habilitación nacional y todas y cada una de sus decisiones están supervisadas por un secretario general con habilitación nacional de primer nivel. Las diputaciones tienen los mismos controles que los ayuntamientos de gran tamaño. Si son muchos o son pocos esos controles, lo serán también para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En cualquier caso, tienen los controles jurídicos que marca la ley al más alto nivel. Con respecto a la transparencia, hay que indicar que, en su conjunto, las nuevas corporaciones provinciales están haciendo un esfuerzo importantísimo por quitarse el sambenito de manirrotas. No se puede aplicar ese adjetivo a la Diputación de Badajoz cuando tiene una gestión que anualmente presenta superávit como consecuencia del eficiente ajuste de sus gastos. Las diputaciones son instituciones al servicio de la gente, útiles, eficientes, eficaces y transparentes. La Diputación de Badajoz es de las pocas administraciones donde los concursos resuelven sus contratos menores de forma electrónica de manera que cualquier empresa de España puede acceder a la información necesaria y, a lo largo del próximo año, lo haremos también en contratos negociados y libres.

M.C.: Esta imagen negativa procede en buena medida del desconocimiento antes mencionado de la labor que ejercen las diputaciones, dado que los casos de mala gestión son muy escasos, aunque puedan haberse amplificado mediáticamente. Los controles existen, y son muy rigurosos, y la voluntad política es una autoexigencia cada vez más asumida por los propios gobiernos provinciales. Los índices de transparencia que proporciona una entidad independiente como Transparencia Internacional son una buena muestra de que el trabajo de las diputaciones se sitúa muy a menudo entre las mejores prácticas políticas del Estado. En el presente mandato, la Diputación de Barcelona tiene como prioridad el desarrollo de un gobierno abierto y transparente, y está poniendo todos los medios para lograrlo: administración electrónica, datos abiertos, portal de transparencia. Todo lo que podamos hacer en esta dirección, lo haremos, sin duda.

M.B.: Por supuesto. Y esa imagen procede de la desinformación y desconocimiento. En Ourense aprobamos el primer Código Ético y de Conducta de una Diputación en España. Estamos a la vanguardia de los gobiernos provinciales en transparencia, según acredita Transparencia Internacional.  Retransmitimos todo: plenos, comisiones, apertura de plicas en mesas de contratación, sorteo de miembros de tribunales en pruebas de empleo público; celebramos un debate anual sobre el Estado de la Provincia; me comprometo en un plazo máximo de 5 días a contestar cualquier consulta o pregunta que me formulen por medio de nuestra web o desde la app móvil; somos una administración “abierta 24 horas”, con un alto componente de innovación tecnológica, como lo prueba nuestro proyecto “Provincia Inteligente”, que desarrollamos junto a dos multinacionales como IBM y Vodafone.

J.R.G.: Después de casi año y medio al frente de la Diputación de Valencia, que soporta el lastre de una hipoteca reputacional heredada de la gestión de uno de esos gobiernos manirrotos y poco transparentes, el del señor Rus y el ‘yonqui’ del dinero, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta institución ha dejado de dar vergüenza a los valencianos. Al final es una cuestión de voluntad política y colaboración absoluta con la justicia. Mientras los jueces trabajan por esclarecer los excesos e irregularidades de una gestión oscura que jugó con el dinero de los valencianos, el nuevo equipo de gobierno de la Diputación, un ejecutivo progresista con la representación de cuatro formaciones políticas, se ha dedicado a cambiar el rumbo de la gestión sobre la base de la transparencia, la igualdad y la objetividad. Pusimos en marcha las auditorías forenses necesarias para detectar el foco de las irregularidades y facilitar la labor de la justicia, pero sobre todo nos marcamos el objetivo de desterrar definitivamente el clientelismo que tanto daño ha hecho a la imagen de la institución. Los controles se los debe marcar uno mismo teniendo muy presente la responsabilidad de gestionar un dinero público que no es de ésta ni de ninguna otra institución, sino de los ciudadanos que pagan impuestos; e introduciendo criterios objetivos en los planes provinciales para que cada alcalde y cada alcaldesa puedan tener una previsión de las ayudas que recibirán con una simple regla de tres, sin necesidad del besamanos presidencial o dependiendo del color político que les identifique. En esta Diputación se han acabado los planes teledirigidos del anterior gobierno que invitaban a invertir en leds, calderas o césped artificial, lo que interesaba en cada momento al ex presidente y su círculo de influencia, y se ha respetado desde el primer minuto de la legislatura la autonomía de los ayuntamientos a la hora de decidir en qué invierten el dinero que les llega de la Diputación. Los alcaldes y alcaldesas somos los que mejor conocemos las necesidades de nuestros municipios y las inquietudes de nuestros vecinos.

¿Están los gobiernos provinciales preparados para los retos de modernidad que plantea el siglo XXI?, ¿cómo se combate la imagen de administración antigua, anquilosada y desfasada que muchos ciudadanos –y también políticos- tienen de ellos?

M.A.G.: Creo que se ataca a las diputaciones porque somos el eslabón débil de la Administración, ya que no somos gobiernos elegidos directamente por los ciudadanos. Respecto a la preparación para ese reto he de decir que soy partidario de abordar en el transcurso de una reforma integral de las administraciones públicas aquellos cambios a realizar en las diputaciones, pero también en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas con el objeto de hacerlas más eficaces y eficientes. Las diputaciones tenemos todavía algunos condicionantes que nos impiden volcar todas nuestras fuerzas en el mundo rural. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la existencia de espacios públicos e infraestructuras en capitales de provincia que reclaman recursos que, en una reforma, deberían ir a parar al mundo rural. Pero debería tratarse de una reforma en conjunto de las administraciones públicas; me niego a que se diga que las diputaciones son menos transparentes que el resto.

M.C.: En lo que concierne a la Diputación de Barcelona, puedo decir que en las últimas décadas hemos hecho un extraordinario esfuerzo de modernización y especialización del servicio que ofrecemos a los gobiernos locales. Somos un gobierno supralocal que trabaja en red, con un amplio equipo humano de técnicos y profesionales expertos en múltiples campos, y hacemos un uso intensivo y extensivo de las tecnologías digitales, no sólo en nuestro funcionamiento interno sino también en el impulso de su empleo en todo el territorio. Una de las prioridades del actual mandato es avanzar hacia un red de pueblos y ciudades inteligentes, que mejora y acerca los servicios públicos a los ciudadanos sirviéndose de una tecnología que queremos que sea inclusiva. Creemos, así, que, hoy en día, la fibra óptica puede ser un elemento clave para el desarrollo y la comunicación, como en su día lo fue el cemento. Por poner algunos ejemplos, el territorio de Barcelona tiene una prestigiosa Red de Bibliotecas Municipales de dos millones y medio de usuarios que permite ejercer el autopréstamo mediante avanzadas tecnologías, una Red de Parques Naturales de la Diputación que dispone de apps específicas para cada uno de ellos y más de 65.000 personas mayores atendidas mediante aparatos de teleasistencia. Y hay mucho más. Estamos plenamente comprometidos con la respuesta local a los retos del siglo XXI y somos una punta de lanza en la universalización de las tecnologías digitales.

M.B.: Totalmente preparados. Basándonos en nuestro caso en la planificación y la previsibilidad. Tenemos un plan de mandato (Ourense 15-19) donde indicamos en que mes y de qué año se hace realidad cada una de las propuestas de actuación que contiene. Por cuestiones como esa nos convocan para intervenir en foros nacionales e internacionales como el organizado por el gobierno de Paraná (Brasil) en Curitiba -un centro de innovación pública- para hablar de visión política y planificación territorial junto a representantes de Toronto y de Buenos Aires. Además, aprobamos antes que ninguna otra administración los presupuestos del año siguiente. En el pleno del mes de septiembre. Así, el 1 de enero estamos ya en condiciones de ejecutarlo, dando seguridad jurídica a ayuntamientos y ciudadanos.

Siempre he defendido una triple reforma en el régimen de las diputaciones: la competencial, la del financiamiento y la del régimen electoral. Con la elección directa por los ciudadanos de los diputados provinciales y del presidente acercaríamos la institución a sus verdaderos “propietarios”: las vecinas y vecinos de la provincia. Y para esa reforma solo hace falta otra urna más en las elecciones locales: la de los municipios y la de las diputaciones. En las elecciones locales de 2015 en Ourense actuamos como si esa modificación de la normativa electoral fuera una realidad: hice campaña como candidato a la Presidencia de la Diputación y con un programa de gobierno para cuatro años. Ahora es el plan de mandato, del cual cualquier ciudadano puede vigilar su cumplimiento, al establecer la fecha de ejecución de las medidas que lo integran.

J.R.G.: Los gobiernos provinciales están tan preparados para afrontar los retos del nuevo siglo como cualquier otro gobierno. El problema no son los gobiernos provinciales como vehículo, sino los conductores que piloten esos vehículos, como en cualquier otra administración. En Valencia hemos podido comprobar que ese vehículo de la Diputación se encuentra en perfectas condiciones, y que la conducción de los anteriores responsables fue calamitosa y temeraria. Esta institución cuenta con grandes profesionales y medios suficientes para hacer frente a esa modernización, que pasa en primer lugar por la simplificación de la burocracia. La agilidad en los trámites y la ejecución de proyectos y obras es determinante para poder hablar de una institución eficaz y moderna. Muestra de que tanto los gobiernos provinciales como los ayuntamientos son instituciones modernas y operativas es el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles que pusimos en marcha al poco de llegar a la Diputación de Valencia. Nos encontramos con un remanente de 72 millones de euros por la ausencia de gestión en la última etapa del anterior gobierno y decidimos sin pensarlo que ese dinero fuera a los municipios y a las personas y no a los bancos. Para ello, tuvimos que poner en marcha en un tiempo récord el plan más ambicioso de la historia de esta Diputación. En apenas dos meses, el reto de la Diputación de Valencia y los 266 municipios de la provincia se saldó con más de 1.200 obras licitadas y adjudicadas antes de final de año, lo que ha servido para crear o mantener 2.400 puestos de trabajo a lo largo de 2016 con la ejecución de estas obras. No es un problema de anquilosamiento, sino de voluntad y prioridades políticas. Mientras las diputaciones funcionen como tales, y por ahora no se vislumbra una reforma constitucional que nos haga pensar lo contrario, nuestra responsabilidad es que sean útiles. En ello estamos.

Has entrado en el portal de comunicaciones de la Segunda Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales. Que bajo el lema “El Futuro de las Diputaciones Provinciales” incluye ponencias, conferencias y debates para concluir con una DECLARACIÓN CONJUNTA que ayude a la pervivencia de la población en los ámbitos más rurales del país.